El régimen castrista, por su misma naturaleza, rechaza los aparatos de fiscalización y control
Miércoles, enero 17, 2018 | René Gómez Manzano | 5
Gladys Bejerano, contralora general de la república (Foto: cocnoticias.com)
LA HABANA, Cuba.- Una resolución reciente de la Contraloría General de la República —la número 465—, faculta a los jefes provinciales de ese organismo “para conocer, tramitar y evaluar los recursos de apelación”. Con esta medida, el régimen castrista ha materializado un nuevo retroceso en la actividad de auditoría, supervisión y control de nuestro país.
Bajo el actual sistema, las situaciones de ese tipo datan del mismo año de la trepa al poder, 1959. La revolución triunfante era reacia a que la fiscalizaran. En aquella época todavía existía el Tribunal de Cuentas, institución creada por los constituyentistas de 1940 y materializada bajo el mandato del doctor Carlos Prío Socarrás, último presidente libremente electo de nuestro país.
Al inicio del “Proceso”, el nuevo liderazgo (seguramente con fines de enmascaramiento) colocó en elevados cargos a demócratas ilustres como José Miró Cardona y Roberto Agramonte. En esa coyuntura, se le ofreció la presidencia del referido organismo supervisor al prestigioso abogado Manuel Dorta Duque, quien había participado en la redacción de la ley orgánica de la institución.
El hijo de este prohombre nos narra una anécdota interesante y muy ilustrativa. Él y sus hermanos, ilusionados con la Revolución, instaban al padre para que aceptara el elevado cargo. Pero el avezado político, con una pregunta inspirada por su experiencia de la vida, neutralizó ese entusiasmo juvenil: “Panchito, ¿y quién le lleva las cuentas a Fidel?”
Como quiera que sea, a la venerable institución no le quedaba mucho tiempo de vida: El último día de 1960, a menos de dos años de hacerse con el poder, el flamante Gobierno Revolucionario se desembarazó de ese mecanismo controlador. “Se suprime el Tribunal de Cuentas”, ordenaba de modo tajante el artículo 1 de la Ley 905. En los por cuantos de esta última ni siquiera se hace un intento por justificar la inconsulta medida.
A partir de entonces, ya nadie tendría que “llevarle las cuentas a Fidel”. Tampoco a los restantes jerarcas encumbrados y jefecillos locales con acceso a los dineros públicos. Parecía estarse aplicando, de manera anticipada, la letra de la canción popularizada lustros más tarde por Oscar D’León: “Defiéndete tú y déjame a mí, que yo me defiendo como pueda”…
La camarilla verde olivo, que tanta admiración y simpatías manifestaba en aquellos tiempos por la Unión Soviética y por todo lo que oliera a ruso (es un decir), omitió tomar en cuenta un sabio refrán eslavo: “Doveriay, no proveriay” (Confía, pero comprueba).
Un artículo consagrado al Tribunal de Cuentas que está colgado en el sitio oficial de la Contraloría General de Cuba, ofrece una versión edulcorada y mentirosa de aquella repudiable arbitrariedad. Su párrafo final, refiriéndose a la misma institución, afirma: “Cesó sus funciones en 1960, cuando el gobierno revolucionario se había dotado de un mecanismo más eficiente para salvaguardar los intereses del pueblo”.
El plumífero dio muestras de pudor al eludir dar su nombre. Esconde su identidad tras una supuesta autoría institucional: “Escrito por la Dirección de Planificación, Organización y Comunicación”. Razones de sobra tenía el ensayista para preferir el anonimato, porque ¿cuál es ese “mecanismo más eficiente” del que mendazmente habla! No dice cuál es, ¡porque no había ninguno!
La realidad es mucho más tenebrosa. Con la supresión del Tribunal, el Estado quedó sin un órgano fiscalizador de las cuentas públicas. A partir de ese momento, y durante decenios, cada dirigente, jefe de organismo o cacique local, actuó en este terreno a su libre albedrío. Imitando al profesor Pangloss, tras la adopción de esa medida los corruptos pensaban que todo era para lo mejor en el mejor de los mundos posibles.
Se repitió así en nuestra Isla la experiencia que refleja el chiste ruso: Un sabio escribe una monumental Historia de la URSS en veinte tomos. El mandón de turno le pide concisión, y el científico condensa el material en un solo volumen. Entonces el jefe supremo le demanda que lo haga en una página, y de nuevo es complacido. Al recibir la hoja de papel, el mandamás ordena al escritor: “¡Resúmalo en una sola palabra!”. “Eso es lo más fácil de todo, camarada Secretario General”, le contesta el sabio, y escribe con mayúsculas: “¡ROBAN!”.
Tras más de un tercio de siglo de esa peculiar “Danza de los Millones”, el régimen castrista creó, en 1995, una Oficina Nacional de Auditoría adjunta al Ministerio de Finanzas. En 2001 instituyó para esas funciones un nuevo organismo de la Administración Central del Estado: el Ministerio de Auditoría y Control. En 2009, ya bajo Raúl Castro, esta inoperante entidad dio paso a la actual Contraloría General de la República.
En el ínterin, nuestro país ratificó, en febrero de 2007, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Se trata, sin dudas, de una inteligente medida de mercadeo internacional. La lucha contra el peculado tiene muy buen público a nivel planetario. El problema radica en cumplir a plenitud la letra y el espíritu del referido tratado.
Parecía que, bajo el General-Presidente, el régimen tendería a fortalecer el control fiscal. La creación de la Contraloría General así pareció indicarlo. Y esto pese a que —hasta donde sabemos— los grandes pulpos empresariales —como la famosa GAESA, operada por exmilitares— jamás han sido auditados por la flamante institución.
Ahora, la Resolución 465 que mencioné al comienzo representa un paso adicional hacia atrás. Los recursos de apelación serán conocidos a nivel local. Los caciques provinciales —pues— podrán seguir actuando sin temor a lo que puedan hacer las autoridades centrales. La decisión final será adoptada por sus amigotes lugareños.
La Contraloría General de la República —que algunas esperanzas despertó en sus inicios— y su titular, la señora Gladys Bejerano, continuarán su marcha hacia la superfluidad.
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